Claudio Villarroel se manifestó a favor de la sanción de una nueva ley de Medios Audiovisuales
El director de Contenidos de Telefé, Claudio Villarroel, se manifestó a favor de la sanción de una nueva ley de Medios Audiovisuales. “Ya llevamos 26 años de democracia”, enfatizó.
“Creo que seguir con una ley...
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La espera máxima sería de dos años para que el niño permanezca en un hogar o instituto y pasado ese lapso, los jueces deberán encontrarle una familia. En la Argentina la espera de un hijo adoptivo en la mayoría de los casos casi nunca es inferior a 5 años
Hoy, la realidad muestra a jueces de familia que deben decidir sobre la condición de adoptabilidad de chicos que, en muchos casos, cargan con una historia familiar muy complicada. Están quienes omiten la vía judicial y hace entregas directas a conocidos que carecen de validez legal. Hay también personas desesperadas que pagan por un hijo por fuera de la ley y más adultos dispuestos a adoptar que chicos en condición de ser adoptados son algunas de las causas que alargan los tiempos.
El proyecto de la diputada macrista Cynthia Hotton Capital, inspirado en la norma recientemente sancionada en Brasil, hace foco en acortar los tiempos de institucionalización. “Hoy hay chicos que pasan más de 10 años en hogares del Estado. Para ellos es toda su infancia“, dijo la legisladora.
Según explicó, este período máximo de dos años podrá cumplirse gracias a otra modificación de tiempos: el lapso que transcurre un menor sin recibir visitas de sus progenitores biológicos u otros familiares para entrar en estado de adoptabilidad.
Hasta el momento, en el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hay 1863 postulantes, entre matrimonios y personas solteras o viudas aunque en realidad, son muchas más las personas que buscan adoptar, ya que a este registro adhirieron pocas provincias.
En el país no existen estadísticas oficiales sobre cuántos menores están en condiciones de ser adoptados. Precisamente, un proyecto de la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), insta, entre otras cosas, a que se informen la cantidad de niños y adolescentes en estado de adoptabilidad en las instituciones del país y la razón por la que todavía no han egresado de esos hogares.
Un informe realizado en 2005 por la oficina local de Unicef y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hablaba de 16.600 chicos institucionalizados, pero no discriminaba entre los que estaban allí por cuestiones vinculadas con hechos delictivos de los que permanecían institucionalizados por causas asistenciales aunque hay pocos niños para adoptar.
En el país se ha extendido la entrega directa a conocidos que si bien la entrega directa no está penada por la ley, no tiene validez jurídica, es decir, no genera derecho a adopción. Por eso, muchos padres después de la entrega directa buscan que un juez les dé la guarda y, después, la adopción definitiva. Antes se reconocía la entrega directa mediante una escritura pública, pero luego se decretó su invalidez.
Uno de los puntos más polémicos del proyecto Hotton es la posibilidad de que la madre elija a quién dar en adopción al bebe. “Estamos muy seguros de este punto porque siempre estará la mediación de un juez. La madre debe esgrimir argumentos sólidos para que no haya un arreglo económico detrás”.
En la Capital los tiempos de espera suelen ser más largos que en las provincias del Norte, donde hay mayor cantidad de niños en condiciones de ser adoptados por eso, varios postulantes, además de inscribirse en el registro que les corresponde por residencia, lo hacen en aquellos que permiten adoptantes de otros lugares, como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, La Rioja, Catamarca, Corrientes, Entre Rios y Misiones.
Un abogado especialista en cuestiones de familia y niñez consideró que en el país las esperas son muy largas y se refirió a la necesidad de distinguir entre estado de abandono y estado de semiabandono. Además un juez no toma esta decisión solo, sino basado en informes de equipos técnicos compuestos por psicólogos, médicos y asistentes sociales según informa el diario La Nación.
Otras veces, la propia historia de abusos y maltratos sufridos por el niño perjudica sus posibilidades de crecer dentro de una familia y la figura de la adopción es muy compleja y tampoco es la solución para todo chico en estado de abandono.
La señal de televisión por cable Warner Channel estrenará el próximo miércoles 14 de octubre, a las 21, un episodio muy especial de ER ya que el mismo contará con la participación del actor George Clooney, quien nuevamente se pondrá en la piel del legendario Doctor Doug Ross.
El galardonado artista le rendirá tributo a sus inicios regresando a la sala de emergencias que lo convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood y lo hará compartiendo créditos con otra grande del mundo del espectáculo: la multifacética actriz Susan Sarandon.
En este emocionante capítulo especial, el Doctor Ross retomará su extensa relación con la enfermera Carol Hathaway, papel interpretado por la actriz Julianna Margulies. ¿Finalmente esta célebre pareja tendrá un final feliz?…
Vale recordar que el miércoles 28 de octubre, a las 21, Warner Channel le dirá adiós a ER con un gran evento televisivo de tres horas de duración que comenzará con un especial de una hora que mostrará los mejores momentos de este emblemático drama.
En esta presentación participarán los más famosos personajes que han pasado por la sala de emergencias, los cuales dejarán al descubierto detalles del detrás de cámaras nunca antes develados y contarán cómo esta serie marcó un antes y un después en sus vidas y en sus carreras.
Seguido a esta conmovedora retrospectiva, la emisora exhibirá el inesperado episodio final de dos horas que, según prometen, será todo un acontecimiento en la historia de la televisión.
Fue el principio. 19 de Mayo de 1977. La “célebre” portada en la que Clarín se dirigió a sus lectores intentando explicar que la operación que le permitió quedarse con buena parte de Papel Prensa “se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar”.
Hacían falta periódicos y revistas dóciles que se sumaran al concierto de la obsecuencia mientras detrás del escenario se consumaba la carnicería social, política y económica.”
La frase escrita por el periodista Juan Gasparini en su libro El crimen de Graiver refiere a lo que sería el operativo de asociación final de los tres grandes diarios argentinos –La Nación, Clarín y La Razón– con el Estado terrorista en la empresa Papel Prensa, el 18 de enero de 1977. Pero aparece en su investigación en un contexto particular: el de las recomendaciones hechas por la multinacional publicitaria Burson Marsteller a la dictadura para mejorar su imagen interna y externa.
En este punto, el de la apelación a las modernas destrezas de la prensa y las artes publicitarias puestas al servicio del Estado terrorista, sería interesante revisar si fue tan medieval ese imaginario que solemos asociar con la idea de la última dictadura.
O establecer ciertos nexos que van del liberalismo declamado de La Nación a su asociación con el Estado para hacer buenos negocios, o del actual multimedios Clarín al comisario Miguel Etchecolaz, que fue el encargado de torturar salvajemente a Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, ya muerto en un misterioso accidente de aviación, última representante legal de la empresa Papel Prensa.
En esas mismas sesiones de torturas murió Jorge Rubinstein, que había sido una de las manos derechas de Graiver.
El trabajo de Gasparini recuerda de qué modo Lidia Papaleo fue obligada, meses antes de su secuestro y torturas, a desprenderse de las acciones de Papel Prensa en una reunión celebrada el 3 de noviembre de 1976 en las viejas oficinas de La Nación de la calle Florida.
En el despacho de Bartolomé Mitre estaban Patricio Peralta Ramos por La Razón y Héctor Magnetto por Clarín. Un maestro de ceremonias muy particular fue el abogado Pedro Jorge Martínez Saravia. Durante algunos años había sido hombre de confianza de David Duddi Graiver. Para esta ocasión supo correr al otro lado, al lugar del ganador. No por nada Martínez Saravia era primo de José Alfredo Martínez de Hoz y socio en su estudio.
Delicias de archivo. En los primeros meses de 1977 los integrantes presuntos de eso que la dictadura y su prensa llamarían “el clan Graiver” irían a parar a las mazmorras bonaerenses de Ramón Camps y con ellos otros como Edgardo Sajón o Jacobo Timerman.
El director de La Opinión, que también había apoyado al golpe, sería repudiado en una carta pública –nuevas delicias del archivo que no consultan los adalides de la República– firmada por los directores de los grandes diarios argentinos cuando obtuvo el premio Moors Cabot por sus denuncias a la violación de los derechos humanos.
La historia de Papel Prensa, que arranca a fines de la década del ’60 en un típico contexto de apuesta al desarrollo y la sustitución de importaciones, incluye triangulaciones oscuras en tiempos de Lanusse, José Gelbard y David Graiver. Las maniobras siguientes serían aún peores.
Cuando el 11 de marzo de 1972 se adjudicó a Papel Prensa la construcción de una fábrica que produjera poco más de cien mil toneladas de papel se hablaba de un costo de 62 millones de dólares.
En la memoria y balance del ejercicio cerrado a fines de 1975 se declaró que la inversión total había sido de 42.400.000 dólares. Según las investigaciones que se hicieron en torno del traspaso forzado que se hizo sin venia judicial, los grandes diarios pagaron apenas entre un 23% y un 43% del verdadero valor accionario que Papel Prensa tenía en tiempos de David Graiver.
Ya para el 27 de septiembre de 1978, pasada la inauguración de la planta, con foto incluida del brindis entre Videla y Ernestina Herrera de Noble, la sociedad Clarín-La Nación-La Razón decía que la inversión total había sido de 180 millones de dólares. Transparencia total.
Vueltas de la vida. La investigación por el negociado sangriento que el Estado y los grandes diarios argentinos hicieron con Papel Prensa agonizó como tantas de la era democrática, más o menos a la altura en que el Fiscal General de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, anunciaba que sería posible castigar las responsabilidades del Estado, pero no la de los empresarios privados. ¿La razón?
Estos se escudarían en el argumento de que no se los podría culpar por la ausencia de controles públicos en la operación. Las vueltas de la historia: hoy, cuando la oposición conservadora y los propios medios afectados agitan el fantasma de los “derechos adquiridos”, no se cuestiona cómo se adquieren esos derechos –aproveche la oferta– ya sea en dictadura o en menemismo.
Hace algunas semanas este diario citó aquella curiosísima portada del diario Clarín del 19 de mayo de 1977. Casi todo el ancho de la portada, de arriba abajo, dedicado a la reproducción de un comunicado de la propia empresa intitulado “A LA OPINIÓN PÚBLICA”.
Aquel parte de guerra terminaba diciendo: “Como surge de todo lo expuesto, la transacción se celebró a la luz pública y con el consentimiento previo y posterior del Estado a través de la más alta expresión de su voluntad, que consta en acta de la Junta Militar”.
El 29 de febrero de 1988 en el dictamen del fiscal Molinas se condensarían las diversas acusaciones contra el ex presidente Lanusse (abuso de autoridad y malversación de caudales públicos), contra el Grupo Graiver (uso de testaferros, violaciones al pliego de condiciones), contra la Junta Militar (encubrimiento e irregularidades en la operación de transferencia de acciones), contra los representantes del Estado en la empresa (incumplimiento de deberes de funcionario público).
Debilidades de la democracia; presiones de los grupos de poder. A los pocos años la causa penal prescribió.
Fue en tiempos de la dictadura de Juan Carlos Onganía que se creó un fondo para el Desarrollo de la Producción de Papel que se nutrió de una tasa de contribución del 10% a la importación de papel que se aplicó para la puesta en marcha de Papel Prensa.
Esa fábrica que hoy alimenta sólo a Clarín se levantó gracias a los aportes de todos los diarios argentinos acumulados en diez años.
Papel Prensa, con su densa historia de corrupción y sangre, sigue elaborando la materia que abona la libertad de imprenta de unos pocos, en perjuicio de otras voces, extorsionando como siempre y –por el mismo precio– contaminando.
Por Eduardo Blaustein
Cuenta cómo se hizo el traspaso de la planta de papel, mientras torturaban a sus antiguos dueños .
Osvaldo Papaleo, hoy empresario teatral y cinematográfico, se volvió a meter de lleno en el escenario político tras su aparición en las audiencias públicas que se realizaron para debatir la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El ex secretario de Prensa de la ex presidenta Estela Martínez de Perón, que fuera secuestrado y torturado durante la última dictadura, asegura que el monopolio creado por el Grupo Clarín comenzó a gestarse bajo el régimen comandado por Jorge Rafael Videla.
Papaleo detalló el modo por el cual Clarín, La Razón y La Nación se quedaron con Papel Presa, la piedra fundacional de un monopolio mediático que creció al amparo del poder de turno durante treinta años.
–Pese a su historia, a muchos les sorprendió su participación en las audiencias públicas.
–Mi participación en las audiencias públicas es natural. Pese a la sorpresa de algunos, tengo una larga militancia en el justicialismo discutiendo el tema de los medios de comunicación. Yo soy de la generación que en los años ’73, ’74, ’75 y hasta el golpe de Estado participó de la política sobre los medios de comunicación que el general Perón instrumentó en su retorno a la Argentina. Aquella política involucró el cese de las licencias televisivas de los canales de aire. En aquel entonces también se planteó el tema de la legislación y las normas. Allí tuvimos conciencia y tomamos medidas de transformación en los medios.
–¿La transferencia bajo el régimen de la dictadura de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación
y La Razón es la piedra fundamental del monopolio comunicacional en la Argentina?
–Con respecto a Papel Prensa lo que hay que explicar es que era una sociedad que tenía la familia Graiver en un 75% y el Estado nacional en un 25%. Se había constituido a fines de la década del ’60. De a poco se fue transformando en una planta importante en la zona de San Pedro y Baradero, fundamentalmente por la explotación del papel nacional y por la producción, principalmente de papel para los diarios. Hasta ese entonces había una enorme cantidad de papel que se consumía y se tenía que importar, cuestión que era bastante onerosa para los medios gráficos nacionales. En marzo de 1977 fueron detenidos casi la totalidad de los miembros de la familia Graiver. El padre, la madre y la esposa de David Graiver, que había fallecido el 7 de agosto de 1976 en un accidente aéreo en México.
–¿Qué pasó dspués?
–Si bien Papel Prensa era uno de los activos más importantes de Graiver, no era éste su único negocio. Entre agosto del ’76 y marzo del ’77, cuando la familia estaba liquidando sus activos, recibió algún tipo de oferta por parte de Clarín, La Razón y La Nación para comprar Papel Prensa. De hecho, la tarde del día en que detienen a la mayoría de la familia, mi hermana, Lidia Papaleo de Graiver, asistió junto a Isidoro Graiver a una reunión con representantes legales y algunos miembros de los directorios de estas empresas para ver si se podía firmar una carta de intención para comprar la empresa. Esa noche son detenidos.
–Y a su vez se produce otra cadena de secuestros…
–Allí comienza otra actividad. La dictadura acciona contra el diario La Opinión, que dirigía Jacobo Timerman y del cual era propietario David Graiver. Así se iba desarrollando la política de los medios. A su vez, un tribunal de guerra condena a la familia Graiver en base a declaraciones arrancadas bajo tortura en el Pozo de Banfield y en el Puesto Vasco de Bernal. Yo también soy detenido y paso nueve meses en el Puesto Vasco. La familia Graiver es blanqueada, al igual que Jacobo Timerman. Pero la familia queda detenida. Yo salgo a los nueve meses y me voy del país.
–¿Cómo siguió el proceso judicial?
–A partir de allí empezamos a intentar que la familia Graiver fuera juzgada por la Justicia Civil y no por la Justicia Militar. Luego los Graiver fueron incluidos en lo que se llamó el “acta institucional”, donde había muchos dirigentes políticos, por ejemplo Lorenzo Miguel, Jorge Taiana, Carlos Menem, entre otros. El acta significaba que uno perdía los derechos civiles y económicos. Esto significa que todos los bienes de la familia pasaban a estar en manos de la Comisión Nacional para la Recuperación Patrimonial (Conarepa). Por lo tanto, el 75% de Papel Prensa pasa a estar en manos del Estado. A fines del ’78 se convoca a una asamblea para tratar el tema accionario de la empresa. En ese momento me reúno con el abogado de Clarín, Bernardo Sofovich, quien me advierte que se va a realizar una multiplicación de las acciones y la posterior cesión a Clarín, La Nación y La Razón. Con la multiplicación, las empresas se aseguraban la posición dominante por más que la familia Graiver recuperara sus acciones. De esa asamblea no pudimos participar, nos fue prohibido.
–Y ahí comienza a cerrar esa parte de la historia…
–Así Clarín compró Papel Prensa, con la familia Graiver detenida y juzgada por un tribunal de guerra de la dictadura. A partir de allí Clarín ejerció el monopolio de la venta de papel para diarios. Cuenta de esto dieron Julio Ramos (N. de R: Los cerrojos a la prensa), fundador de Ámbito Financiero, y Héctor Ricardo García, que durante muchos años fue dueño de Crónica.
–¿El proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso es una herramienta adecuada para limitar la concentración de los medios?
–Si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no incluye a los medios gráficos, me parece que ésta es una forma de limitar a Clarín y otros grupos que imitan a Clarín en la monopolización de los servicios. La estructura básica de Clarín se sustenta en el diario, después se le cedió un canal de televisión y a partir de allí hizo una cadena de comunicación impresionante en todo el país. Estamos ante la posibilidad de pegarle en el espinazo a un monopolio real, tanto de la información como de la conducta de la gente. Clarín, lo vemos en la defensa encendida de algunos actores, ha convertido a los medios de comunicación de la Argentina en una actividad empresaria sin ningún tipo de ética profesional.
Además, Clarín ha generado en el interior del país verdaderas cadenas que impiden la expresión libre de organizaciones, sectores empresarios, ONG y universidades. Este país está monopolizado por el Grupo Clarín, que cuenta con dos empresas de cable que tienen el 50 % de los abonados y con una red nacional impresionante. Esta ley abre ese camino. Si bien esta norma no habla de medios gráficos, es importante lo de Papel Prensa para entender quién habla de “ley mordaza”. Qué autoridad tiene para hacerlo cuando Clarín fue la gran mordaza de los medios gráficos durante los últimos 30 años.
–¿Por qué cree que cierta parte de la opinión pública no está convencida de que éste sea el camino correcto?
–Hay sectores políticos, como el radicalismo, que no comulgan con la ley. Esto me sorprende, por la historia del radicalismo que siempre ha abogado por la presencia del Estado en los medios. Ahora yo veo a diputados y senadores radicales utilizando un lenguaje liberal y no lo puedo creer. Pero hemos logrado cosas. Ahora sabemos quien es quien. Se ha blanqueado la situación. Por primera vez estamos hablando de lo que realmente ocurre. Por otra parte acá hay que generar una televisión por cable de calidad. Hoy los operadores de cables no generan trabajo, sino que son simples vendedores de espacios.
–¿Es acertado el momento político para llevar adelante la ley?
–Sí, es acertado. Este es el momento. Porque si no van a seguir eligiendo presidentes, ministros y van a seguir siendo una fuerte influencia en la política argentina. Entonces cualquier momento es el oportuno. Además, si se logra se va a dar un gran paso. Y no tenga dudas de que van a aparecer inversores privados que van a hacer televisión. No seamos pesimistas, no podemos creer que el único que tiene dinero para invertir en esto es Clarín. Ahora, hasta que no salga la ley del Senado, hay una realidad: la del debate, la del miedo. Pero una vez que la ley salga la realidad va a ser otra, yo sé de grupos empresarios que creen que los medios son una buena inversión. Por eso pongo un paréntesis hasta que la ley sea un hecho consumado, vamos a escuchar otro lenguaje, incluso de muchos que se mantuvieron ajenos a esta discusión. Además, esto que dicen, que en diciembre van a modificar la ley… Yo la verdad no creo que sea tan fácil. Primero, porque los diputados que entran no son un bloque. Y después, porque la relación con Clarín ya no va a ser la misma, ya no va ser una relación de patrón y empleado.
–¿Hay un paralelo histórico que se pueda trazar entre aquel gobierno del peronismo que se sostuvo enfrentado a la prensa y éste que encabeza Cristina Fernández?
–Sí, con este tema sí. Este gobierno no dio todos pasos felices en este tema, por ejemplo cuando se permitió la unidad entre Cablevisión y Multicanal. Por eso me causa gracia cuando la oposición plantea la necesidad de un largo debate sobre estos temas cuando ante aquel decreto nadie dijo “que venga al Parlamento”. Yo creo que el Gobierno ahora sí va a enfrentar algo parecido a aquello. Va a tener que enfrentar un violento ataque bajo métodos sutiles. La difusión violenta de los piquetes y todo lo que ha aparecido en el último tiempo. Todo esto tiene que ver. Siempre, hasta el más inocente defensor de una causa popular puede jugar para el enemigo.
Por Felipe Deslarmes
La causa de contaminación contra Papel Prensa avanza con dificultad. Clarín se defiende con chicanas. Qué dicen los ambientalistas.
La planta de Papel Prensa está construida a la vera del río Baradero, uno de los brazos del delta del Paraná. El predio ocupa 150 hectáreas y el conjunto de edificios que componen la fábrica suma 40 mil metros cuadrados construidos. Produce 170 mil toneladas de papel de diario por año, usando 360 mil toneladas de madera. Hasta aquí, son indicadores exitosos. Pero hay otros. La planta arroja efluentes al río Baradero y esa agua necesita diez veces más oxígeno para volver a su estado natural que lo exigido en la reglamentación vigente. Éste es un modo de medir la contaminación: la cantidad de oxígeno que el agua precisa para recuperarse. La planta no tiene certificado de aptitud ambiental ni permiso de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires para arrojar químicos al río. Fuentes del juzgado federal número 1 de San Nicolás, que pidieron estricta reserva, hablaron con Miradas al Sur sobre la historia de estos hechos y la situación actual.
El tema se destapó a mediados del 2007. Un grupo de inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación recorrió las instalaciones de Papel Prensa. Fue en el marco del Plan de Reconversión Industrial. En la visita, los inspectores tomaron muestras del agua que la planta devuelve al río Baradero, después de haberla usado en el proceso de producción del papel. Las papeleras necesitan enormes cantidades de agua, por eso se construyen siempre en las orillas de algún río. Las muestras de la Secretaría se analizaron y el resultado no fue nada alentador para el ecosistema del Baradero. “Se comprobó que el agua tenía un altísimo nivel de eco-toxicidad. Necesita 10 veces más oxígeno para recuperarse que lo permitido por las normas existentes y las que acepta la Autoridad del Agua bonaerense”, dijeron las fuentes judiciales que conocen la causa.
Ante los resultados de la inspección, Papel Prensa respondió. El juez Martín Alberto Martínez, a cargo del juzgado federal número 1 de San Nicolás, que tiene jurisdicción en Baradero, encontró sobre su escritorio un pedido de demanda declarativa. Era de la firma Papel Prensa y en contra del Gobierno Nacional. Se presentó en septiembre de 2007. La posición de la fábrica era que el Ejecutivo nacional no podía inspeccionar y sancionar la planta, porque no tenía jurisdicción en ese territorio ya que el río Baradero está completamente dentro de la provincia de Buenos Aires. “Argumentaron que sólo la autoridad ambiental provincial podía ejercer el poder de policía en la planta”, contó una de las fuentes que hablaron con Miradas al Sur. Y agregó una suspicacia: “En la demanda pedían, además, que se citara al Estado provincial como parte involucrada en la causa”. Y bajando el tono de voz, mirando a un lado y a otro para comprobar que nadie estuviese tan cerca como para escuchar, dijo: “Se nota que se sienten cómodos con la autoridad ambiental bonaerense. Es comprensible: no les dan el permiso para arrojar efluentes químicos por los niveles de contaminación, pero tampoco les cierran la planta”.
Donde mandan los privados. Después de la demanda presentada por la empresa, el juzgado pidió una nueva inspección para analizar los efluentes. Estaría a cargo del ente de residuos peligrosos, que depende del Estado Nacional. Los inspectores estacionaron la camioneta en la puerta de entrada a la planta y se bajaron del vehículo. El agente de seguridad privada que vigila la fábrica se quedó parado detrás de la reja, se acomodó la gorra negra y dijo:
–Disculpen, pero no pueden pasar.
El hombre obedecía órdenes de la jerarquía de la empresa: no dejar entrar a las autoridades del Estado Nacional. La excusa fue la demanda que habían presentado en el juzgado de San Nicolás y que todavía no había una resolución. El juez Martínez, finalmente, derivó la demanda a la Corte Suprema. Ese tribunal tendrá que definir si el Gobierno Nacional tiene autoridad para hacer inspecciones ambientales en Baradero. Hace más de un año y medio que el expediente está en la Corte y los ministros no se han expedido. Por su parte, Martínez dejó asentado que la planta funcionaba sin certificado de aptitud ambiental ni autorización para arrojar efluentes químicos. Además, del mismo juzgado, salió una orden de allanamiento para volver a analizar los efluentes de la planta. Los nuevos resultados coincidieron con la primera inspección: el nivel de oxígeno que necesitaba el agua para recuperarse de la carga química era 10 veces mayor al permitido.
Guerra de muestras. La empresa no se quedó de brazos cruzados esperando que la Corte Suprema se expida. El directorio hizo una movida hábil: su propio análisis del impacto ambiental. Estuvo a cargo del Instituto de Limnología de la Universidad de Litoral, que depende del Conicet. El estudio tuvo una sutil diferencia con los que habían realizado antes, fue un análisis de toxicidad aguda. “El único objetivo fue tratar que la causa se caiga”, dicen desde el juzgado a cargo. Ese tipo de estudio ambiental consiste en someter a un ser vivo, bacteria o planta, a permanecer un tiempo corto expuesto al agua extraída de los efluentes. Luego se analiza si tuvo alguna alteración química. Si no es así, se determina que el agua no tiene un nivel de contaminación que dañe el ecosistema. La empresa se volvió a presentar en el juzgado de San Nicolás con el resultado del estudio, que fue “positivo”, y pidió el sobreseimiento de la causa. El juzgado no hizo lugar. “Lo que tenemos que estudiar acá es el impacto ambiental crónico de la planta, no hacer un análisis de contaminación aguda”, dijo a este diario uno de los ambientalistas que conocen la causa, otra vez pidiendo reserva de su nombre. Y agregó: “Debe hacerse estudiando el impacto sobre el propio ecosistema del río y durante un período prolongado”. Ese estudio está pedido para que lo haga la Universidad de Luján y tiene un costo de 100 mil pesos. Pero las distintas secretarías, del Estado provincial y nacional, que deberían aportar los fondos, “no se ponen de acuerdo sobre a quién le corresponde”, remarcaron las fuentes judiciales.
Algo huele a podrido. En medio de esta situación están los 55 mil habitantes de San Pedro. Isabel es una señora que vivió siempre en el pueblo. Como la mayoría de sus habitantes va al río cuando el cielo está despejado y no hace mucho frío. Se agarra la nariz con dos dedos para graficar lo que va a decir:
–El olor muchas veces es nauseabundo.
Su marido, Antonio, mira al cielo con sus ojos claros, como si allí pudiese encontrar los viejos tiempos que añora. Cuenta que siempre le gustó pescar, que solía ir con otros vecinos y con su hijo.
–Yo no sé si será por la papelera, pero creéme que antes había más peces en el río.
Hay otras quejas de los vecinos: el color que tiene el agua cuando abren las canillas en sus casas, que también viene del río. Las enfermedades en la piel que sufren los que se bañan, el sabor del agua que beben. “No hay duda de que el ecosistema ha sufrido un cambio muy importante”, remata el ambientalista de la causa.
Es necesario recordar la composición accionaria de Papel Prensa. El 60 por ciento de las acciones están en manos del sector privado, la mayor parte controladas por el Grupo Clarín y el resto en manos del diario La Nación. Las fuentes judiciales subrayan que esto deja al Gobierno en minoría en las reuniones de directorio a la hora de las decisiones. De todos modos, no se puede negar la corresponsabilidad del Estado.
Para descubrir los motivos de estos cambios en el ecosistema del río Baradero, no hay otro camino que realizar un estudio prolongado en el tiempo. La empresa se resiste y sigue trabajando, arrojando efluentes con químicos sin autorización. La Corte Suprema todavía no se expide. Los recursos para que la Universidad de Luján haga el estudio no aparecen. Es la combinación perversa de un Estado lento, burocrático, sumergido en internas, y una empresa que tiene en su génesis no respetar la ley o transar con el Estado. Es lógico. Si se piensa en el origen de la planta, en un negocio que nació para que los grandes diarios no hablen sobre los crímenes de la última dictadura, no se puede esperar que se conmuevan por la salud del río Baradero.
Por Demián Verduga
Se realizó una presentación ante la justicia criminal federal motivada por un expediente que se tramita en el Comfer referido a la autorización de transferencia del 83 por ciento del paquete accionario de la firma América TV.
A continuación el texto de la denuncia.
FORMULA DENUNCIA- Sr. Juez Federal
Juan Gabriel Mariotto, DNI Nº 17.020.586, en mi carácter de interventor del COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN (COMFER) designado por Decreto Nº 520/08 (B.O. 01/04/2008), con domicilio en Suipacha Nº 765, piso 7º frente de esta ciudad, donde también constituyo domicilio a los efectos procesales junto a mi abogado patrocinante José María Olivares, Tomo 32, Folio 242 del C.P.A.C.F., a VS me presento para decir.
I.- OBJETO
Que vengo por este acto a formular denuncia por la presunta configuración de los delitos tipificados en los artículos 241, inciso 2) y 293 del Código Penal de la Nación, y por presunta violación de la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley Nº 25188), Artículo 2, inciso a), contra el Sr. Francisco De Narváez y/o quien o quienes resulten penalmente responsables en su condición de representantes legales de América TV S.A., con domicilio en Fitz Roy 1650, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a solicitar se me otorgue el rol de querellante.
II.- HECHOS
Bajo Expediente Nº 1806-COMFER/00 tramita la solicitud de autorización de la transferencia del OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83%) del capital accionario de la empresa AMERICA TV S.A. titular de la licencia de LS86 TV CANAL 2 de la ciudad de LA PLATA, provincia de BUENOS AIRES, tendiente a que se autorice el ingreso a esa licenciataria de las firmas ÁVILA INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA y AMERICA INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA en calidad de cesionarias de acciones.
Conforme las constancias administrativas declaradas por AMÉRICA TV S.A. en el COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN, el Capital Social de ÁVILA INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentra distribuido del siguiente modo: Carlos Vicente ÁVILA: CUATRO MILLONES OCHOCIENTAS NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y DOS (4.892.042) acciones; Juan Cruz ÁVILA: CUATRO MILLONES OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTAS TREINTA Y OCHO (4.854.438) acciones; Diego Gabriel ÁVILA: CUATRO MILLONES OCHOCIENTAS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS VEINTICINCO (4.869.925) acciones; María Celeste ÁVILA: CUATRO MILLONES TRESCIENTAS SIETE MIL QUINIENTAS NOVENTA Y CINCO (4.307.595) acciones; Luis Benjamín NOFAL: UN MILLÓN QUINIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL (1.596.000) acciones y la firma ZAROVA SOCIEDAD ANÓNIMA: DOS MILLONES DOSCIENTAS OCHENTA MIL (2.280.000) acciones. Por su parte, las acciones de AMÉRICA INVERSORA SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentran distribuidas del siguiente modo: Carlos Vicente ÁVILA: CUATROCIENTAS VEINTE (420); Juan Cruz ÁVILA: TRES MIL OCHOCIENTAS TRES (3803); Diego Gabriel ÁVILA: TRES MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y NUEVE (3469); María Celeste ÁVILA: TRES MIL CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO (3468) y Luis Benjamín NOFAL: OCHOCIENTAS CUARENTA (840).
Bajo esa conformación societaria, los representantes de la sociedad han instado el trámite de autorización de la transferencia de acciones de AMÉRICA TV S.A, sin indicar, desde el año 2005 ninguna variación en cuanto a la composición accionaria de la sociedad precitada.
Con fecha 17 de noviembre de 2006, bajo Actuación Nº 18419-COMFER/06, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia corrió traslado al COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN del Expediente S01: 0175301/2006, caratulado “ZAROVA S.A. y SUPERCANAL HOLDING S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC.572)”, en la que se tramita la compra de acciones de ÁVILA INVERSORA S.A., propiedad del GRUPO ÁVILA, por parte de las sociedades ZAROVA S.A. y SUPERCANAL HOLDING S.A.
De la documentación presentada ante la COMISIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se desprende la siguiente información: “(ii) Con fecha 15 de octubre de 2004 los ÁVILA por una parte y ZAROVA y SUPERCANAL HOLDING (en delante de modo conjunto con ZAROVA el “GRUPO ZAROVA-SCH”), por la otra, suscribieron un segundo contrato de Compraventa de Acciones (en adelante “Segunda Compra”) en virtud del cual los ÁVILA se obligaron a transferir a favor del GRUPO ZAROVA-SCH acciones que representen hasta el 50% del capital y votos de ÁVILA INVERSORA S.A. (AISA), cuya transferencia se supeditó a un cronograma de pagos.
(iii) Con fecha 10 de junio de 2005 los ÁVILA y Luis Benjamín Nogal (en adelante “GRUPO ÁVILA”), por una parte y ZAROVA por la otra suscribieron un tercer Contrato de Compraventa de Acciones (en adelante “Tercera Compra”) en virtud del cual el GRUPO ÁVILA se obligó a transferir a favor de ZAROVA la cantidad de acciones de AISA, que sumadas a las acciones objeto de la Primera Compra y de la Segunda Compra, representarían el 60% de su capital social y votos, cuya transferencia se supeditó a un cronograma de pagos.
(iv) Debe ser tenido en cuenta que las transferencias accionarias comprometidas en la Segunda Compra y Tercera Compra no se efectivizaron en su totalidad. Por consiguiente, con anterioridad a la celebración del Convenio que se describe en el punto (v) siguiente, el GRUPO ZAROVA- SCH sólo detentaba el 29,12% del capital social y votos de AISA.
(v) Con respecto a las acciones pendientes de transferencia que fueron objeto de la Segunda Compra y de la Tercera Compra, con fecha 9 de mayo de 2006 el GRUPO ÁVILA y el GRUPO ZAROVA- SCH suscribieron un convenio por el cual los primeros transfirieron a ZAROVA acciones de AISA que, sumadas a las transferencias antes mencionadas, representarían el 51% del capital social, votos y ciertos aportes irrevocables. Asimismo, las partes acordaron que el remanente de las acciones de AISA objeto de la Segunda Compra y de la Tercera Compra (2.335.091 acciones representativas del 9% del capital y votos de AISA), serán transferidas por el GRUPO ÁVILA a ZAROVA una vez canceladas íntegramente las sumas adeudadas por esta última.”
De las precitadas actuaciones administrativas surge que la conformación de ZAROVA S.A. es: GRUPO DE NARVÁEZ, 50% del capital accionario, JOSÉ LUIS MANZANO, 25% del capital accionario, y DANIEL EDUARDO VILA 25% del capital accionario.
Por su parte, los accionistas del GRUPO DE NARVÁEZ son los siguientes: María Jazmín de Narváez Fecchino (30%), Martín de Narváez Fecchino (30%), Francisco de Narváez Fecchino (30%) y Mario Fabian Papini (10%).
Si bien excede a esta denuncia, destaco que la información proporcionada al COMFER por la licenciataria no ha cumplido los requisitos marcados por la ley Nº 22.285, en cuanto en su artículo 85.
Como V.S. advertirá, hasta aquí la sociedad nunca informó que entre sus accionistas estuviera el Sr. Diputado Nacional en ejercicio Francisco de Narváez. Sin embargo, llamativamente este diputado ha sostenido en forma personal, públicamente ante los medios de prensa ser “propietario” del medio televisivo en cuestión.
Así por ejemplo en entrevista concedida por el precitado diputado al periódico “PERFIL”, de fecha 5 de Julio de 2009, este declara:
-”¿No cree que es incompatible ser dueño de medios de comunicación y, simultáneamente, ser candidato o funcionario?
-Sí. Creo que es incompatible ser político y dueño de medios de comunicación.
-¿No debería poner en venta sus medios de comunicación antes de las próximas elecciones?
-Sí.
-¿Piensa hacerlo?
-Pienso por lo menos llevarlos a un tipo de estructura en la cual yo no tenga injerencia. Hay una condición principista. Los medios son o tienen que ser, por definición, opositores. Y también, en ese aspecto, la pauta oficial (el gran anunciante de la Argentina es el oficialismo) hay que regularla fuertemente, porque los gobiernos tienen derecho de promocionar y comunicar sus actos, pero si se utiliza como una herramienta de condicionamiento, hay que neutralizarla.
-Hay una diferencia entre vender y hacer un fideicomiso, o excluirse del directorio, cambiar temporalmente acciones por otras sin derecho a voto. Salvo en la venta siempre habrá una influencia tácita porque sus empleados saben que podrá volver.
-Nada que sea una simulación, pero en algún momento voy a dejar la política. Tengo un rol que espero poder cumplir, ésa es mi vocación, y seguramente me voy a retirar en algún momento.
-¿En 2015?
-Sí, son 10 años: comencé en 2005. Pienso en un término en la Provincia de Buenos Aires porque son los plazos que uno necesita en teoría si sabe lo que quiere hacer y está preparado.
-¿Y después le gustaría seguir con los medios?
-Sí. Además están mis hijos. Tenemos una historia como empresarios, mi familia es una familia empresaria. Tengo que encontrar ese equilibrio.
-No es lo mismo medios de comunicación que otras actividades. Si usted le dice a la sociedad: “Yo no, pero se lo dejo a mis hijos…”, luce a verso. Es lo que dice Albistur de su empresa de publicidad.
-No es eso. Uno puede tener opciones de compra a futuro. Hay una cantidad de cosas que permiten decir por qué algo en lo que nosotros hemos acumulado una seria experiencia no puede ser un camino de futuro.
-O sea, no a vender sus medios, sino a crear una figura en la cual, mientras sea gobernador y candidato, no tenga injerencia operativa.
-Sí, pero además uno en lo particular tiene que ser absolutamente coherente. Si usted me pregunta si un político debería tener un medio de comunicación, diría que no.
-¿Votaría una ley en la cual eso se impidiese y lo obligara a vender?
-Debo agregar que en los medios donde menos he aparecido durante la campaña han sido los propios. Por lejos.
-Luce hipócrita: el ciudadano más ilustrado sabe que el verdadero poder es el que no se usa. Es más elegante y meritorio no usarlo, pero mi pregunta era si votaría una ley que impida la propiedad de medios a candidatos.
-La respuesta es sí. Ahora, yo compré una parte accionaria de América en junio de 2005 y asumí como diputado en diciembre de 2005, no fue una casualidad. Porque yo sabía que la batalla que se venía era cruel y parte la libran los medios. No necesariamente porque aparezca, sino porque ser parte de ese poder da un nivel de competencia distinto.”
Téngase presente que la información remitida a la COMISIÓN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA establece que la operación de compra de acciones de AISA fue realizada en el mes de mayo de 2006.
Es decir, de Narváez ya era diputado; ya conocía de la imposibilidad de ser titular de un medio.
Por otra parte, en el periódico “Crítica”, edición del 14 de junio de 2006, el Sr. De Narváez declaró: -¿Se puede tener acciones de medios -como América, El Cronista- y ser diputado?
-En la nueva Ley de Radiodifusión debería tratarse cuál es el vínculo entre un funcionario y un medio de comunicación. Hoy no está reglado y por eso no violo la ley. Pero sí entiendo que hay un conflicto de intereses.”
Conforme el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión: (…) Las personas físicas, las personas jurídicas en lo pertinente, los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas no comerciales o sin fines de lucro, y las personas físicas en cuanto integrantes de las personas jurídicas comerciales, deberán reunir al momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia los siguientes requisitos: …inciso g) No ser magistrado judicial, legislador, funcionario público, ni militar o personal de seguridad en actividad; (…) “En el supuesto de que la oferente se halle conformada por otras personas de existencia ideal, los requisitos mencionados deberán ser cumplidos por quienes conformen la voluntad social mayoritaria.”
Advertidos de las diferencias en las informaciones dadas en el COMFER y en la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, se solicitó a la licenciataria un detalle de su composición societaria, emergente de los libros societarios pertinentes. Llamativamente la requerida expresó haber extraviado el libro correspondiente.
Las manifestaciones del diputado de Narváez en los medios nos advierten sobre la existencia de una falsedad. Ya sea en lo informado por la sociedad AMÉRICA TV S.A. o en las declaraciones transcriptas.
III.- TIPIFICACIÓN PENAL
De lo hasta aquí narrado entiendo que se habría configurado el delito tipificado en el artículo 241, inc.2) del Código Penal, toda vez que sin estar comprendidos en el artículo 237, los denunciados, al ocultar la condición de accionista y consecuentemente propietario de una licenciataria de una emisora de Televisión de un Diputado Nacional, han impedido al COMFER ejercer las atribuciones que la Ley Nº 22.285 le confiere. Advierto que el artículo 45 de la precitada norma, expresamente prohibe a los legisladores ser titulares de licencias de radiodifusión. En consecuencia, de haber sido denunciada la inclusión como socio de la empresa licenciataria del Diputado Nacional en ejercicio, Francisco de Narváez, tal conformación societaria no debió ser autorizada como titular de una licencia. El COMFER ha sido inducido a error y no ha podido cumplir sus funciones.
En otro orden, de confirmarse que el nombrado Diputado Nacional, es efectivamente accionista de la sociedad licenciataria del Canal 2 de Televisión Abierta, AMÉRICA TV, los representantes legales de la sociedad licenciataria habrían falseado la realidad en el documento público que tiene valor y entidad de declaración jurada, instando la continuidad de un trámite de autorización de conformación societaria de una empresa licenciataria, cuando la misma estaba viciada a tal grado que incurría en las prohibiciones en la Ley de Radiodifusión.
Insisto: de ser ciertas las declaraciones periodísticas, propias y personales, del Sr. Diputado Nacional en ejercicio, Francisco De Narváez, en lo que concierne a que es propietario y/o accionista de la licenciataria, se ha inducido al COMFER a autorizar una licencia en contra de la ley. El perjuicio derivado del hecho ilícito aquí denunciado resulta flagrante.
IV.- ROL DE QUERELLANTE
A la luz del art. 82 CPP, solicito se me otorgue el rol de querellante, toda vez que el COMFER, como persona jurídica habría resultado ofendida por los delitos aquí denunciados.
La legitimidad para actuar en el rol de querellante la confiere el Decreto Nº 520/08.
Va de suyo que las personas jurídicas tienen capacidad para querellar, pues el artículo 82 no la limita a las personas físicas.
V- COMPETENCIA
A la luz del art. 33, apartado c) del CPP, V. Sa. resulta competente, toda vez que el COMFER, víctima del delito denunciado, es un organismo público del Estado Nacional y la acción ilícita obstruye su buen desempeño.
Proveer de conformidad
ES DE LEY
Un llamativo spot televisivo aparece con frecuencia en las pantallas del Grupo Clarín y América contra la ley de medios. Lo firma una supuesta “Fundación Valores para el Bien Público”. La organización estaría vinculada a Francisco de Narváez.
Uno de las ideas que tratan de instalar los opositores a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que, con la aprobación del proyecto, la censura será la herramienta que aplicará el gobierno contra los “medios independientes”.
Tras la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados y la discusión que se abrió en Senadores, los medios concentrados continúan juntando apoyos de los partidos de la oposición y de algunas entidades nacionales e internacionales.
A las declaraciones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se suman las campañas televisivas de diversas organizaciones que aseguran que con la ley de medios “muchos medios van a desaparecer”.
El discurso se repite sistemáticamente. Pero un spot llama la atención en los canales del Grupo Clarín, como Todo Noticias (TN), y América TV. Pertenece a una fundación llamada “Valores para el Bien Público” y hace referencia al peligro que representa el proyecto de ley del oficialismo para la libertad de expresión.
Esta entidad no figura en ningún registro de la Inspección General de Justicia, donde debería estar inscripta, según advirtieron algunos blog en Internet, situación que pudo ser comprobada.
La directora general de Asuntos Legales y Normativas del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), Graciana Peñafort, dijo estar al tanto del aviso televisivo, pero advirtió que “no tenemos potestad para controlar las personas jurídicas que firman los anuncios”.
Además, añadió que “las sociedades pueden ser de hecho y no haber cumplimentado aún con los requisitos legales para su conformación y registro”, aunque reconoció que la Inspección General de Justicia “es quien debiera regularlo”.
Otras fuentes oficiales consultadas revelaron que la Fundación Valores para el Bien Público es una organización fantasma que respondería al diputado nacional y accionista de América TV, Francisco de Narváez, uno de los principales detractores de la ley de medios por los intereses que tiene en juego.
San Antonio Spurs, el equipo de básquet de la NBA donde milita Manu Ginóbili, rindió homenaje a Mercedes Sosa. Por iniciativa de Gregg Popovich, el entrenador, durante la práctica de hoy se escuchó a Mercedes Sosa entonando “La Maza”. Lo informó el propio Ginóbili, a través de Twitter, que suele usar para difundir sus novedades.
Los homenajes a la “Negra” no paran. Y se suceden en los lugares menos pensados. El técnico de los San Antonio Spurs sorprendió hoy a todos sus jugadores con un improvisado homenaje a Mercedes Sosa.
Dispuso que durante parte del entrenamiento del equipo se escucharán por los parlantes de la cancha algunas estrofas de “La Maza”, entonada por Mercedes Sosa.
El propio Ginóbili, fanático de las redes sociales, fue el encargado de revelar la anécdota, a través de la red social Twitter.
Chile y Ecuador, que se enfrentarán el miércoles 14 en Santiago, en puestos de clasificación directa; Argentina, en la quinta posición, y Uruguay, Venezuela y Colombia definirán desde el sábado los tres puestos con pasaje al mundial de Sudáfrica 2010, incluido el del repechaje.
El seleccionado que dirige Marcelo Bielsa, que reúne 27 unidades, accederá directamente al Mundial con sólo sumar dos más en los dos duelos directos que afrontará: visitará el sábado próximo a Colombia y recibirá el miércoles 14 a Ecuador.
Precisamente, el equipo conducido por Sixto Vizuete, que marcha cuarto con 23 puntos, además será anfitrión este fin de semana de Uruguay, que cuenta con 21.
Este compromiso resulta vital para que Ecuador se aproxime a la clasificación, no sólo por jugarse en los 2.800 metros de altitud de Quito, sino tambíén porque el conjunto de Vizuete es el único de los que ocupan plaza directa que tiene diferencia de gol negativa (-2).
Argentina, quinta con 22 unidades, no debiera tener problemas para sortear en casa a Perú, ya eliminado y hasta podría enfrentar en el cierre de la competencia a un seleccionado uruguayo sin chances de concurrir al Mundial, si es que cae antes en su visita a Ecuador.
Paraguay, que garantizó su pasaje a Sudáfrica con el triunfo ante Argentina, será el árbitro de la definición: sin algo en juego, visitará a Venezuela y recibirá a Colombia.
El seleccionado ‘vinotinto’, con 21 puntos, los mismos que Uruguay pero con un saldo de goles menor (-5 contra el +8 de la ‘Celeste’), visitará en la última fecha a Brasil, el primer seleccionado sudamericano en clasificarse al Mundial.
Colombia, con 20 unidades, tendrá un crucial compromiso el sábado ante Chile, además de la supuestamente ‘cómoda’ excursión por Asunción.
El recorrido conmueve: 38,9 metros
El récord que quiere Palermo es de un inglés: marcó desde 52 metros
Un futbolista del ascenso inglés hizo en abril de 2007 el gol de cabeza de mayor distancia de la historia del fútbol: 52 metros, casi 13 metros más que los que logró ayer Martín Palermo contra Vélez.
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